Desde el año 2003 el Programa Derechos Humanos de las Mujeres y Ciudadanía adelanta diversos procesos para el autoreconocimiento, valoración, empoderamiento y posicionamiento de las mujeres como sujetos individuales, sociales, culturales y políticos que garantice la defensa, el ejercicio y la protección de sus derechos humanos y la ciudadanía plena. 

Las alternativas impulsadas se dan desde procesos para la prevención, la atención, la exigibilidad y la restitución de derechos con mujeres y lideresas que han vivido hechos victimizantes y violencias machistas en el marco del conflicto armado y del sistema cultural patriarcal, con estrategias de sensibilización y difusión de legislación para la atención, prevención y sanción a todas las formas de discriminación en ámbitos presenciales y digitales, acompañamientos jurídico y psicosocial a mujeres lideresas, procesos formativos para el empoderamiento y la transformación de representaciones socioculturales discriminatorias, y de manera más reciente con el fortalecimiento de la protección integral feminista2 a lideresas expuestas a riesgos. Esto último suscitó reflexiones respecto a los vacíos sobre la progresividad que connota el riesgo desde el desempoderamiento de las lideresas defensoras en dimensiones subjetivas, relacionales, y organizativas, que ha dado  lugar a recientes propuestas para fortalecer capacidades del autocuidado, el cuidado colectivo y la protección.  

Cabe destacar, que el propósito por una vida libre de violencias para las mujeres está en los orígenes del programa institucional “Derechos Humanos de las Mujeres y Ciudadanía”, que entre otros, tiene como objetivos comprender, denunciar y prevenir las violencias basadas en género, y las condiciones subjetivas, sociopolíticas y culturales que las mantienen y naturalizan. Abordaje que se realiza en clave de derechos desde una visión integral, considerando su prevención, atención, seguimiento/monitoreo, denuncia y judicialización.  

Desde este  programa también se incita al sistema educativo a asumir responsabilidades en la protección de los derechos humanos de las mujeres y a incluir medidas afirmativas en los proyectos educativos institucionales que garanticen una educación para la igualdad, la equidad y la erradicación de la discriminación de género en todos los niveles de la educación; primera infancia, niveles secundarios, y con sectores universitarios, acorde con las herramientas jurídicas de políticas y leyes vigentes. Además se dan procesos de sensibilización y prevención de violencias machistas en ámbitos sociales, institucionales y comunicacionales, con estrategias comunicativas para la transformación social por la importancia de orientar su uso hacia la prevención de las violencias contra las mujeres. 

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