La garantía de derechos para las mujeres rurales, especialmente aquellas que se identifican como campesinas, indígenas y negras, constituye un pilar fundamental para avanzar hacia un desarrollo rural inclusivo, sostenible y equitativo en Colombia. Sin embargo, esta garantía no depende únicamente del reconocimiento normativo, sino de la efectiva implementación de políticas, programas, estrategias y acciones que respondan a las múltiples desigualdades que enfrentan estas mujeres en sus territorios.
En este contexto, el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 plantea una oportunidad clave para posicionar a las mujeres rurales como actoras fundamentales en la construcción de paz, la defensa del territorio y la seguridad alimentaria. Con miras al próximo ciclo electoral legislativo y presidencial de 2026 y la formulación del nuevo PND 2026–2030, resulta estratégico analizar el estado actual de la acción pública en relación con los derechos de las mujeres rurales. En este sentido, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR)—como entidad rectora de las políticas rurales— tiene la responsabilidad central de formular y ejecutar programas que promuevan el acceso a la tierra, la autonomía económica y la participación social y política.
